Artículo 155 de la construcción española

constitución española de 1812

En España ha estallado una grave controversia constitucional relacionada con las luchas políticas por la cuestión de la secesión de Cataluña. El 13 de marzo, la Comisión de Venecia, la comisión de expertos en derecho constitucional del Consejo de Europa, ha emitido su dictamen (827/2015) que trata de un estatuto que el Parlamento español promulgó en 2015 para modificar la ley que regula el Tribunal Constitucional español. No es ningún secreto que el objetivo de ese estatuto era mejorar la capacidad del Tribunal para que se cumplan sus decisiones, dada la forma en que el movimiento secesionista catalán ha desafiado la autoridad de este. La Comisión ha concluido que la nueva ley es coherente con las normas europeas, aunque ha sugerido algunos cambios para garantizar mejor la autoridad del Tribunal.

El siguiente paso en esta historia es la resolución que el Parlamento catalán aprobó en noviembre de 2015, después de que las elecciones regionales de septiembre de 2015 dieran la mayoría de los escaños parlamentarios a los tres partidos políticos que habían anunciado explícitamente durante la campaña que estaban a favor de la independencia. Aunque estos partidos no acapararon la mayoría del voto popular (obtuvieron el 47%), argumentaron que la mayoría de los escaños parlamentarios que habían obtenido reflejaba un mandato democrático para iniciar la construcción de una República Catalana independiente. Para ello, aprobaron una resolución parlamentaria que proclamaba solemnemente “el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente”, y establecía que el gobierno catalán sólo debía obedecer la legislación promulgada por el Parlamento catalán. La resolución decía explícitamente que el Tribunal Constitucional español ya no era competente para juzgar la validez de las leyes catalanas, por lo que sus decisiones debían ser ignoradas. Como es lógico, el Gobierno español impugnó la resolución parlamentaria y el Tribunal la anuló por unanimidad (STC 259/2015).

sistema político de españa

En el contexto de los recientes acontecimientos en Cataluña se ha especulado mucho en la prensa sobre la posibilidad de que el gobierno español de Mariano Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución, una línea de acción que ya ha sido propuesta por el partido Ciudadanos, y a medida que crecen las expectativas de que el gobierno catalán proclame la independencia a principios de la próxima semana, esa especulación cobra mayor relevancia.

Aunque el Gobierno no ha afirmado que se vaya a activar el artículo 155, no cabe duda de que los miembros del Gabinete están estudiando la posibilidad y evaluando si la situación actual merece una medida tan drástica, siendo la pregunta clave si la actuación del Gobierno catalán en los últimos meses constituye un “grave atentado” contra los intereses generales de España o un incumplimiento de sus obligaciones establecidas por la Constitución y otras leyes.

De ser así, y pocos lo dudarían de forma realista, el Sr. Rajoy estaría facultado para tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, previa petición por escrito de su cumplimiento al presidente del gobierno regional, Sr. Puigdemont, y, en caso de no ser atendido, obtener la aprobación por mayoría absoluta en el Senado (la cámara alta del gobierno nacional). El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ya ha instado al Sr. Rajoy a que no vacile más e inicie este proceso de inmediato, advirtiendo de que en cuatro días es posible que Cataluña haya hecho una declaración de independencia.

constitución italiana

En España ha estallado una grave controversia constitucional relacionada con las luchas políticas por la cuestión de la secesión de Cataluña. El 13 de marzo, la Comisión de Venecia, la comisión de expertos en derecho constitucional del Consejo de Europa, ha emitido su dictamen (827/2015) Se trata de un estatuto que el Parlamento español promulgó en 2015 para modificar la ley que regula el Tribunal Constitucional español. No es ningún secreto que el objetivo de ese estatuto era mejorar la capacidad del Tribunal para que sus decisiones se cumplan, dada la forma en que el movimiento secesionista catalán ha desafiado la autoridad de este último. La Comisión ha concluido que la nueva ley es coherente con las normas europeas, aunque ha sugerido algunos cambios para garantizar mejor la autoridad del Tribunal.

El siguiente paso en esta historia es la resolución que el Parlamento catalán aprobó en noviembre de 2015, después de que las elecciones regionales de septiembre de 2015 dieran la mayoría de los escaños parlamentarios a los tres partidos políticos que habían anunciado explícitamente durante la campaña que estaban a favor de la independencia. Aunque estos partidos no acapararon la mayoría del voto popular (obtuvieron el 47%), argumentaron que la mayoría de los escaños parlamentarios que habían obtenido reflejaba un mandato democrático para iniciar la construcción de una República Catalana independiente. Para ello, aprobaron una resolución parlamentaria que proclamaba solemnemente “el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente”, y establecía que el gobierno catalán sólo debía obedecer la legislación promulgada por el Parlamento catalán. La resolución decía explícitamente que el Tribunal Constitucional español ya no era competente para juzgar la validez de las leyes catalanas, por lo que sus decisiones debían ser ignoradas. Como es lógico, el Gobierno español impugnó la resolución parlamentaria y el Tribunal la anuló por unanimidad (STC 259/2015).

iberlex

La reunión extraordinaria del gabinete se convocó después de que el líder catalán, Carles Puigdemont, dijera que el parlamento regional podría votar una declaración formal de independencia de España si el gobierno central no aceptaba las conversaciones.

La advertencia de Puigdemont se produjo en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cuando faltaban minutos para que expirara el plazo fijado por el Gobierno central para que diera marcha atrás en sus peticiones de secesión.

“Si el Gobierno sigue impidiendo el diálogo y continúa con la represión, el Parlamento catalán podría proceder, si lo considera oportuno, a votar una declaración formal de independencia”, decía la carta.

El Gobierno español respondió rápidamente con un comunicado en el que decía que convocaba una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para el sábado en la que activaría el proceso para activar el artículo 155 de la Constitución española.

Las autoridades catalanas dicen que cientos de personas resultaron heridas por la violencia policial, mientras que las autoridades españolas dicen que cientos de policías también resultaron heridos y que el uso de la fuerza fue proporcional a la resistencia que encontraron.