Convenio traslado personas condenadas

Convenio sobre el traslado de personas condenadas firmantes

En general, es preferible que los reclusos sean encarcelados o privados de libertad de otro modo en sus propios países, donde tienen acceso a las visitas de sus familias y donde su rehabilitación, resocialización y reintegración se ven favorecidas por la familiaridad con la comunidad y la cultura locales. Sin embargo, cuando los reclusos son deportados indebidamente o trasladados de otro modo para cumplir sus condenas en sus países de origen, el resultado puede ser que eviten completamente el castigo y simplemente reanuden sus actividades delictivas. Por otra parte, cuando las condiciones penitenciarias en el país de origen del preso son deficientes, su encarcelamiento o privación de libertad puede suponer una violación de sus derechos humanos fundamentales. Los Estados tienen prohibido trasladar a personas en tales situaciones.

Además, en las decisiones de traslado de personas condenadas intervienen consideraciones clave para el cumplimiento de la ley. Cuando no existe un programa de traslado, el Estado receptor puede no tener control sobre el proceso y su resultado, lo que hace necesaria una cooperación eficaz.    Además, cuando los Estados receptores asumen la responsabilidad de sus nacionales, el Estado remitente puede destinar más recursos a reforzar su propio sistema penitenciario para acoger y rehabilitar mejor a sus propios presos.

Tratado de traslado de personas condenadas

La naturaleza de la delincuencia organizada transnacional hace que sea cada vez más frecuente que los delincuentes implicados sean condenados y sentenciados en países extranjeros. El traslado internacional de personas condenadas no sólo facilita el trato justo y la reinserción social de los reclusos, sino que también es un instrumento de cooperación internacional. La ONUDD desempeña un papel activo para facilitar el traslado de personas condenadas.

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Por lo general, es preferible que los reclusos sean encarcelados o privados de libertad de otro modo en sus propios países, donde tienen acceso a las visitas de sus familias y donde su rehabilitación, resocialización y reintegración se ven favorecidas por la familiaridad con la comunidad y la cultura locales. Sin embargo, cuando los reclusos son deportados indebidamente o trasladados de otro modo para cumplir sus condenas en sus países de origen, el resultado puede ser que eviten completamente el castigo y simplemente reanuden sus actividades delictivas. Por otra parte, cuando las condiciones penitenciarias en el país de origen del preso son deficientes, su encarcelamiento o privación de libertad puede suponer una violación de sus derechos humanos fundamentales. Los Estados tienen prohibido trasladar a personas en estas situaciones.

Traslado internacional de personas condenadas

1. El Convenio sobre el traslado de personas condenadas, elaborado en el seno del Consejo de Europa por un comité de expertos gubernamentales bajo la autoridad del Comité Europeo para los Problemas de la Delincuencia (CDPC), se abrió a la firma el 21 de marzo de 1983.

1. En su 11ª Conferencia (Copenhague, 21 y 22 de junio de 1978), los Ministros de Justicia europeos debatieron los problemas que plantean los reclusos de nacionalidad extranjera, incluida la cuestión de establecer procedimientos para su traslado con el fin de que puedan cumplir su condena en su país de origen. El debate dio lugar a la adopción de la Resolución nº 1, por la que se invita al Comité de Ministros del Consejo de Europa a solicitar al Comité Europeo para los Problemas de la Delincuencia (CDPC), entre otras cosas, «que estudie la posibilidad de elaborar un modelo de acuerdo que prevea un procedimiento sencillo para el traslado de presos que pueda ser utilizado entre los Estados miembros o por los Estados miembros en sus relaciones con los Estados no miembros».

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2. A raíz de esta iniciativa, la creación de un Comité Selecto de Expertos en Extranjeros en Prisión fue propuesta por la CDPC en su 28ª Sesión Plenaria de marzo de 1979 y autorizada por el Comité de Ministros en la 306ª reunión de sus Delegados en junio de 1979.

Decisión marco 909

El Convenio sobre el traslado de personas condenadas es un tratado internacional que regula la extradición y la reinserción social de las personas encarceladas. El Convenio se celebró en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 y entró en vigor el 1 de julio de 1985. Ha sido ratificado por 66 países, incluidos todos los países del Consejo de Europa excepto Mónaco[1]. También ha sido ratificado por 19 Estados fuera del Consejo de Europa, entre ellos Australia, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur, México, Estados Unidos e India. La última adhesión al Convenio fue la de India en enero de 2018.

El Convenio tiene por objeto facilitar la reinserción social de los reclusos, ofreciendo a los extranjeros condenados por un delito penal la posibilidad de cumplir sus penas en sus países de origen[2] Las consideraciones humanitarias también desempeñaron un papel en la redacción del Convenio, ya que factores como las barreras lingüísticas que provocan dificultades de comunicación y la distancia de la familia y los amigos pueden constituir un impedimento para la reinserción social[3].