Eduardo garcía de enterría

The legacy of struggle and love lives on in our hearts.

García de Enterría was the first judge of the European Court of Human Rights in Strasbourg (1978) and combined this work with that of advisor to the UCD and PSOE governments between 1979 and 1986. During these legislatures, he collaborated in the drafting of successive laws for the territorial organization of the State, which developed Title VIII of the 1978 Constitution, including the so-called Law of Autonomies. In 1988 he founded, together with Professor Enrique Fuentes Quintana, the Escuela Libre de Derecho y Economía de Madrid.

Eduardo garcía de enterría: revolución francesa y derecho, iii

Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande (27 de abril de 1923 – 16 de septiembre de 2013[1]) fue un jurista español y un importante contribuyente a la investigación y enseñanza del Derecho Público en España. En 1984 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su «importante labor investigadora y docente»[2].

Nacido en Ramales de la Victoria, Cantabria, estudió Derecho en las Universidades de Barcelona y Madrid, donde obtuvo el título de Doctor, cum laude. Posteriormente, continuó sus estudios en las Universidades de Londres y Jena.

En 1947 se convirtió en abogado del Consejo de Estado, obteniendo posteriormente la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid (1957). Se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en 1962, donde, a partir de 1970, fue director del departamento. Desde 1988 fue profesor emérito del Colegio Libre de Eméritos de la Universidad de Madrid[3].

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Fue el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde ejerció desde abril de 1978 hasta febrero de 1986. También presidió la Fédération International pour le Droit Européen (FIDE); fundó y presidió la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, y participó en el Consejo Académico del European Law Research Center de la Harvard Law School[3].

Eduardo garcía de enterría: revolución francesa y derecho, iv

Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande (27 de abril de 1923 – 16 de septiembre de 2013[1]) fue un jurista español y un importante contribuyente a la investigación y enseñanza del Derecho Público en España. En 1984 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su «importante labor investigadora y docente»[2].

Nacido en Ramales de la Victoria, Cantabria, estudió Derecho en las Universidades de Barcelona y Madrid, donde obtuvo el título de Doctor, cum laude. Posteriormente, continuó sus estudios en las Universidades de Londres y Jena.

En 1947 se convirtió en abogado del Consejo de Estado, obteniendo posteriormente la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid (1957). Se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en 1962, donde, a partir de 1970, fue director del departamento. Desde 1988 fue profesor emérito del Colegio Libre de Eméritos de la Universidad de Madrid[3].

Fue el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde ejerció desde abril de 1978 hasta febrero de 1986. También presidió la Fédération International pour le Droit Européen (FIDE); fundó y presidió la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, y participó en el Consejo Académico del European Law Research Center de la Harvard Law School[3].

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Eduardo garcía de enterría: french revolution and law, ii

The enactment of the 1978 Constitution has suddenly plunged us into a completely new and, at the same time, transcendental legal subject, since it has a decisive impact, now or virtually, on each and every branch of the legal system, even those apparently more distant from the basic political issues. It is this novelty, and this challenge, that has prompted a reflection on some fundamental questions of constitutional law, which is what is offered in this book.

The thesis of this book, whose 6th edition is now published, has already been unequivocally resolved both in the legislation in force and in the case law, both of which apply constitutional principles. Political or governmental acts, as a supposed limit of the contentious-administrative jurisdiction, have been eradicated from our Law and with this the said jurisdiction has definitively gained its universality (even, it must be said, with respect to international acts or acts relating to the relationship between constitutional powers – the latter, with the reservation of the competence of the Constitutional Court -, which now become acts endowed with a very broad discretion that will make them difficult to control in terms of their substance). This is a significant and capital step. Perhaps the controversy into which this book has resolutely entered, throughout its various editions, has not been strange to this result. It is to be hoped that there will no longer be any attempt to return to the past or to invent supposed new models of the Rule of Law, which are only abusively so, and in reality profoundly retrograde, however much the label «democratic» might be intended to dignify and legitimize them.

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