Las sentencias del tribunal constitucional tienen valor de cosa juzgada

Las sentencias del tribunal constitucional tienen valor de cosa juzgada

La cosa juzgada

La doctrina de la cosa juzgada es un método para evitar la injusticia para las partes de un caso supuestamente terminado, pero quizá también o sobre todo una forma de evitar el derroche innecesario de recursos judiciales. La cosa juzgada no se limita a impedir que las sentencias futuras contradigan a las anteriores, sino que también evita que los litigantes multipliquen las sentencias y la confusión.

Una vez que se ha dictado una sentencia firme en un pleito, los jueces posteriores que se enfrenten a una demanda idéntica o sustancialmente igual a la anterior aplicarán la doctrina de la cosa juzgada para preservar el efecto de la primera sentencia.

El demandado en un juicio puede utilizar la cosa juzgada como defensa. La regla general es que un demandante que ejerció una acción contra un demandado y obtuvo una sentencia definitiva válida no puede iniciar otra acción contra el mismo demandado cuando:

La Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que ningún hecho que haya sido juzgado por un jurado podrá ser reexaminado de otra manera en cualquier tribunal de los Estados Unidos o de cualquier estado que no sea de acuerdo con las reglas de la ley.

Functus officio

En una sentencia de 14 de febrero de 2019, el Tribunal Constitucional ha reducido significativamente el alcance del principio de cosa juzgada en materia penal. Tras esta sentencia, a partir de ahora, un acusado condenado definitivamente que haya podido defenderse ante el tribunal penal podrá contar, en un juicio civil posterior, con la prueba de su inocencia aportada por una parte que no haya intervenido en el proceso penal. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha ampliado la tendencia marcada por el Tribunal de Casación, reduciendo el alcance del principio de cosa juzgada con el fin de proteger el derecho de defensa.

La autoridad de la cosa juzgada en relación con el juez civil se refiere al principio según el cual el juez civil, al evaluar una acción presentada ante él, está vinculado por lo que ha decidido previamente el juez penal belga en una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Este principio ha sido reconocido desde hace tiempo como un principio general del derecho destinado a garantizar la unidad de la jurisprudencia: dos sentencias en un mismo litigio no pueden ser contradictorias. La elección del legislador de dar prioridad a las sentencias penales se justifica por el carácter de orden público del derecho penal.

Fusión y barra

Su conferencia me brinda la oportunidad de volver a examinar mi tesis doctoral “Las obligaciones de los Estados derivadas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, publicada hace 25 años[1]. Quisiera dedicar mi intervención al director de mi tesis, el profesor Jochen Abraham Frowein[2].

Hablando en Brno, sede de los Tribunales Supremo, Supremo Administrativo y Constitucional checos, es bastante natural abordar el tema de los efectos vinculantes de las decisiones del TEDH desde el ángulo del derecho interno. Más concretamente, me gustaría examinar cuáles son las obligaciones de los tribunales nacionales cuando se enfrentan a sentencias del TEDH que constatan violaciones del Convenio.

Cuando escribí mi tesis en Heidelberg, vivíamos en un siglo diferente, en una Europa diferente. De 1986 a 1990, el TEDH había dictado una media de 26 sentencias al año. Hasta el 1 de enero de 1990, se habían dictado un total de 235 sentencias.

Hoy en día, el ámbito de aplicación del Convenio abarca toda Europa y el TEDH dicta una media de más de 1.000 sentencias al año. La cuestión de la fuerza vinculante de las sentencias del CEDH y su ejecución es, por tanto, más relevante que nunca.

Sistemas jurídicos

Cabe destacar que, durante la codificación de la nueva Ley de Procedimiento Civil húngara (Pp.),[6] se planteó la cuestión de si debía concederse un nuevo juicio basado en la violación del Derecho de la UE por una sentencia firme[7] Finalmente, se rechazó la idea; y esta posibilidad no aparece en la nueva ley que entró en vigor el 1 de enero de 2018[8] Por lo tanto, la nueva Pp. no modificó las disposiciones de la ley anterior, y no concede un nuevo juicio basado en la violación del Derecho de la UE por una sentencia firme[9].

No obstante, en varios Estados miembros existe la posibilidad de que un individuo cuyos derechos han sido vulnerados por una sentencia firme invoque la violación del Derecho de la UE como motivo para un nuevo juicio. Suele ser una sentencia posterior del TJUE sobre la misma cuestión de derecho la que pone de manifiesto la incoherencia de la sentencia nacional con la norma de la UE[10].

En este artículo, presento y analizo las normas y los casos nacionales que conciernen al nuevo juicio basado en la violación del derecho de la UE. En cuanto a la práctica judicial nacional, la investigación se basa en la jurisprudencia publicada sobre los casos de nuevo juicio ante los tribunales de los Estados miembros por violación del Derecho de la UE por parte de los tribunales nacionales[11] Antes de analizar la jurisprudencia nacional, se ofrece una breve presentación de las sentencias del TJUE y de la jurisprudencia del TEDH relativa al nuevo juicio por violación del Derecho de la UE por parte de los tribunales de los Estados miembros. A continuación, al final del documento, presento mis conclusiones sobre el papel y el lugar del nuevo juicio en el sistema de recursos contra la violación del Derecho de la UE por parte de los tribunales de los Estados miembros.