Ley organica 8 1980

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El artículo 157 de la Constitución establece en su apartado 1 el marco general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que, según lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo, fue desarrollado por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Uno de los mecanismos que intervienen en el citado sistema de financiación es el del sistema de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, mecanismo que está expresamente previsto en el artículo. 157.1.a) de la Constitución y que tiene su desarrollo orgánico básico en los artículos 10 y 11 de la LOFCA.

No obstante, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 23 de septiembre de 1996, a propuesta del Gobierno de la Nación, ha aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, uno de cuyos principios básicos inspiradores es la asunción por parte de estas Comunidades Autónomas de un importante nivel de responsabilidad fiscal efectiva.

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«Con carácter previo al estudio de las enmiendas, debe constar el informe de la manifestación de los representantes del Grupo Parlamentario Popular sobre diversos aspectos del proceso autonómico en la futura Comunidad Autónoma de Castilla y León . Los representantes del Grupo Parlamentario Popular solicitan que se incluyan expresamente las siguientes consideraciones:

2.ª Los representantes en la Ponencia del Grupo Parlamentario Popular entienden que los acuerdos de la Diputación de León y de los Ayuntamientos de la provincia de Burgos en el sentido de reconsiderar el inicio del proceso autonómico, deben llevar consigo la suspensión de los trámites parlamentarios del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Tras estas manifestaciones, los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista manifiestan expresamente su opinión contraria a lo expresado por los representantes del Grupo Parlamentario Popular y que el interés de la región requiere la continuación de los trámites parlamentarios del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León. «

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Ruanda: Ley orgánica nº 08/1996 de 1996 sobre la organización del enjuiciamiento de los delitos que constituyen el crimen de genocidio o los crímenes contra la humanidad cometidos desde el 1 de octubre de 1990 [], 1 de septiembre de 1996, disponible en: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f64.html [consultado el 13 de enero de 2022].

Esta no es una publicación del ACNUR. El ACNUR no se responsabiliza de su contenido ni lo respalda necesariamente. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor o del editor y no reflejan necesariamente las del ACNUR, las Naciones Unidas o sus Estados miembros.

Dada la Ley Fundamental de la República de Ruanda, en particular la Constitución de 10 de junio de 1991, enmendada y completada, en sus artículos 12, 33, 69 y 97, y el Protocolo de Acuerdo de Arusha sobre el Reparto del Poder, en particular los artículos 6 (d), 26, 40, 72 y 73;

Dado que el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad están previstos específicamente en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y sus protocolos adicionales, así como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 26 de noviembre de 1968;

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Aprobada por la Comisión Constitucional de 1986 el 12 de octubre de 1986, la Constitución de la República de Filipinas de 1987 fue presentada a la presidenta Corazón C. Aquino el 15 de octubre de 1986. Fue ratificada el 2 de febrero de 1987 mediante un plebiscito. Fue proclamada en vigor el 11 de febrero de 1987.

La Constitución de 1973: proyecto presentado al Presidente Marcos por la Convención Constitucional de 1971 el 1 de diciembre de 1972; se consideró ratificada por las Asambleas de Ciudadanos celebradas del 10 al 15 de enero de 1973, proclamada en vigor por Proclamación del Presidente Marcos, el 17 de enero de 1973.

La Constitución de 1935: aprobada por la Convención Constitucional de 1934 el 8 de febrero de 1935, certificada por el Presidente de los Estados Unidos el 25 de marzo de 1935 y ratificada por plebiscito el 14 de mayo de 1935.

La Constitución de Malolos de 1899: aprobada por el Congreso de Malolos el 29 de noviembre de 1898, proyecto devuelto por el presidente Aguinaldo el 1 de diciembre de 1898 para que se hicieran enmiendas, que el Congreso rechazó; aprobada por el presidente Aguinaldo el 23 de diciembre de 1898; adoptada formalmente por el Congreso de Malolos el 20 de enero de 1899, promulgada por el presidente Emilio Aguinaldo el 21 de enero de 1899.

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