Ley organica de estabilidad presupuestaria

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ResumenLas Comunidades Autónomas españolas no pueden incurrir en déficit estructural y su nivel de endeudamiento no debe superar el límite establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Esta ley también incluye una regla de gasto que limita sus gastos no financieros. En los últimos años, se han encontrado diferencias significativas entre las limitaciones impuestas a estos gobiernos regionales a través de la regla de equilibrio presupuestario y la regla de gasto, lo que podría dificultar la coherencia interna del marco fiscal. El presente trabajo identifica las razones de tales diferencias, y las examina para el subsector regional en su conjunto y para cada comunidad autónoma

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La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son piezas clave para la confianza en la economía, y es esencial para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Por ello, para dotar a la política de estabilidad presupuestaria de la máxima credibilidad, en septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución Española. Esta reforma introdujo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad del apoyo financiero de la Unión Europea a todas las administraciones públicas; reforzar la confianza en la estabilidad de la economía española; y fortalecer el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

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La aprobación de dicha Ley Orgánica ha supuesto un hito en la incorporación de la sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico-financiera de todas las administraciones públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social.

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En un segundo paso, se produjo una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impulsó la creación de una institución independiente de control fiscal, como una de las medidas para garantizar dicho mandato constitucional.

Finalmente, sus actividades están debidamente concretadas en el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, previsto en el Real Decreto 215/2014, de 21 de marzo. En él se regulan, entre otras cuestiones, la publicación, el análisis de datos, las actividades del Presidente y el control del gasto para la propia institución.

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España está formada por 17 comunidades autónomas (CCAA), 50 provincias, 8.131 municipios y dos ciudades autónomas. Es un país muy descentralizado, con una parte importante de las competencias de gasto transferidas a las CCAA.

La Constitución española de 1978 garantiza el derecho de autogobierno a las CCAA y una considerable autonomía financiera. También otorga a las provincias y a los municipios autonomía en la gestión de sus respectivos intereses. El Real Decreto Legislativo 2/2004 estableció las bases del sistema de financiación local. Las CCAA se dividen en dos grupos que se rigen por el régimen ordinario y el régimen foral. La seguridad social, sin embargo, es competencia del gobierno central (artículo 41 de la Constitución). Las principales normas fiscales se establecieron en las leyes de estabilidad presupuestaria de 2001 y 2006 y, recientemente, en la histórica reforma de 2012, que incluyó una enmienda a la Constitución, que limita la capacidad de endeudamiento de las CCAA.

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En España, la participación del gasto subnacional en el gasto público total fue del 51% en 2018; la de las CCAA ascendió al 36%, y la de las provincias y municipios al 15%. Mientras que la participación de las provincias y los municipios se ha mantenido casi igual desde el año 2000, con un ligero aumento desde la crisis financiera de 2008, la participación de las CCAA ha fluctuado a lo largo de los años desde entonces. Esto se debe a las medidas de austeridad del Gobierno central y al impacto del gasto social. Desde entonces, los gastos de las CCAA son relativamente más importantes.