Recurso contencioso administrativo ley

Cómo recurrir la nacionalidad española ante el juez si la tiene

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo, cuya regulación emana del derecho público, tienen como objetivo, el control de la correcta actuación de la administración pública, con pleno respeto a la ley.

Los actos que pueden ser objeto de control por parte de esta jurisdicción pueden ir desde la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, la contratación administrativa (actos de preparación y adjudicación de concursos públicos), los actos administrativos de control o supervisión, o la responsabilidad patrimonial del Estado. En consecuencia, el derecho público -en su vertiente contenciosa- está facultado para velar por que la Administración Pública ejerza sus funciones de acuerdo con la Ley y sus disposiciones reglamentarias, y en el caso de que éstas no se ajusten a la Ley, sus actos pueden ser objeto de control judicial (el ciudadano-juez puede denunciarlo ante los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional).

El derecho administrativo emana de las Administraciones Públicas, que se dividen en tres niveles: Nivel estatal, nivel autonómico y nivel local. Así, las entidades que conforman la Administración Pública y que están sometidas al control judicial son:

El método del derecho común, los valores y la contestación

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es contrario al Derecho comunitario, en particular al principio de eficacia, que las disposiciones de un Estado miembro, en lo que respecta a las acciones de devolución de impuestos recaudados en contra de dicho Derecho, fijen un plazo de prescripción que haga extremadamente difícil en la práctica el ejercicio del derecho a la devolución

Fuentesderecho2

La confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo de un medicamento combinado de dosis fija y la necesidad de un dictamen de relevancia para levantar dicho nivel de protección

En unos recientes e interesantes procedimientos, un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid denegó la información contenida en los expedientes administrativos de dos empresas farmacéuticas (codemandadas) y, por tanto, no se pudo obtener la información confidencial que figuraba en los expedientes de registro de medicamentos combinados a dosis fijas basados en dos principios activos autorizados para el tratamiento del colesterol.

Las citadas sentencias se dictaron en dos procedimientos contenciosos administrativos interpuestos contra la concesión de dos autorizaciones de comercialización de combinaciones de medicamentos a dosis fijas en los que se había requerido a las autoridades competentes (en este caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS) la remisión de los expedientes administrativos al juzgado, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa (en adelante LJCA).

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