Recurso contencioso administrativo responsabilidad patrimonial

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Terminación:El procedimiento finaliza con la confirmación total o parcial de la sentencia, o su anulación.Los plazos de resolución serán los siguientes:- Recurso de casación contra la Ley 39/2015:Un mes.- Recurso especial:Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:15 días hábiles.

Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Recurso especial en materia de contratación interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con carácter potestativo y en el plazo de 15 días hábiles, según el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

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Este documento aborda las cuestiones del concepto, las características y el lugar del recurso administrativo en el derecho administrativo serbio. Se presta especial atención a la relación entre el recurso administrativo y la revisión judicial de los actos administrativos. El documento forma parte de un análisis más amplio sobre la eficacia de los recursos administrativos en el marco de la justicia administrativa a nivel europeo, presentado en la Conferencia de la EGPA celebrada en Toulouse en 2010. El documento se limita a examinar los aspectos normativos del recurso administrativo, con la intención de ser seguido por una investigación empírica sobre su eficacia.

… Este artículo completa la investigación sobre el recurso administrativo en la legislación serbia. Está precedido por dos artículos que contienen análisis normativos del régimen general del recurso administrativo

El artículo describe los distintos tipos de silencio administrativo, los plazos y el funcionamiento de la presunción negativa y positiva del silencio administrativo. Además, ofrece una visión detallada de los “recursos relativos al silencio administrativo” -los recursos administrativos y las demandas ante el Tribunal Administrativo-, así como de los “recursos contra el silencio administrativo”, que ejercen la responsabilidad de las autoridades y de los funcionarios por el silencio administrativo -la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad civil y penal, la supervisión de la Inspección Administrativa y la reclamación ante el Defensor del Pueblo-. Por último, el documento presenta datos empíricos y resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios y jueces en relación con este tema, mostrando que el silencio administrativo representa un problema en la práctica administrativa serbia y desvelando algunas formas inesperadas de resolverlo. El principal reto parece ser la falta de “apropiación política” de la lucha contra la inacción administrativa, que, según las entrevistas, podría poner fin a este problema.

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La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.

La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.

La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).

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La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.

La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.

La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).