Revision de los actos en via administrativa

normativa administrativa

Para que los derechos a una acción administrativa justa sean algo más que derechos sobre el papel, debe haber una forma de hacerlos valer. La forma más importante de hacer valer estos derechos es la revisión judicial. Esto significa que cualquier persona que no esté satisfecha con una decisión administrativa puede impugnar la decisión ante los tribunales. Allí puede argumentar que la decisión viola el derecho a una acción administrativa justa. Si el tribunal considera que la decisión es ilegal, irrazonable o injusta desde el punto de vista del procedimiento, puede dictar una serie de órdenes para rectificar la situación. Entre ellas se encuentran:

Antes de que alguien pueda pedir a un tribunal que revise una acción administrativa, hay una norma importante en la PAJA que debe cumplirse: la norma del agotamiento de los recursos internos. Esto significa que, cuando la ley establece procedimientos que permiten a alguien revisar o recurrir una decisión de la administración, éstos deben agotarse antes de que una persona afectada pueda dirigirse a un tribunal. Por lo tanto, una persona sólo puede solicitar una revisión judicial como último recurso. Esto se aborda en el artículo 7 (2) de la PAJA.

derecho administrativo

La Ley de Procedimiento Administrativo (APA) rige el proceso por el que las agencias federales desarrollan y emiten reglamentos. Incluye la obligación de publicar en el Registro Federal los avisos de las propuestas y las normas definitivas, y ofrece al público la oportunidad de hacer comentarios sobre los avisos de las propuestas de normas. La APA exige que la mayoría de las normas tengan una fecha de entrada en vigor retrasada de 30 días.

Además de establecer los procedimientos de elaboración de normas, la APA aborda otras acciones de la agencia, como la emisión de declaraciones políticas, licencias y permisos. También establece normas para la revisión judicial si una persona se ha visto afectada negativamente o agraviada por una acción de la agencia.

doctrina del control judicial

La Ley de Procedimiento Administrativo (APA) regula el proceso por el que las agencias federales desarrollan y emiten reglamentos. Incluye la obligación de publicar en el Registro Federal las notificaciones de las normas propuestas y definitivas, y ofrece al público la oportunidad de hacer comentarios sobre las notificaciones de las normas propuestas. La APA exige que la mayoría de las normas tengan una fecha de entrada en vigor retrasada de 30 días.

Además de establecer los procedimientos de elaboración de normas, la APA aborda otras acciones de la agencia, como la emisión de declaraciones políticas, licencias y permisos. También establece normas para la revisión judicial si una persona se ha visto afectada negativamente o agraviada por una acción de la agencia.

tribunal administrativo

La revisión judicial de la administración varía a nivel internacional. Suecia y Francia, por ejemplo, han llegado a someter el ejercicio de todas las competencias discrecionales, salvo las relativas a asuntos exteriores y defensa, a revisión judicial y a su posible limitación. En otros países, la preocupación por el procedimiento hace que la revisión judicial se limite a decidir si se ha respetado el procedimiento correcto, en lugar de examinar el fondo de la decisión.

Evidentemente, no es posible someter a investigación todos los actos o decisiones administrativas, ya que ello supondría un retraso inaceptable. Por lo tanto, el denunciante siempre debe presentar un caso prima facie de que se ha producido una mala administración.

La revisión judicial no puede obligar al Estado a actuar de una manera determinada porque los tribunales no pueden imponer sanciones al gobierno, que controla el uso de la fuerza. Los recursos como un requerimiento judicial, una orden de cumplimiento específico o una orden de mandamus no podrán ser utilizados contra el gobierno central. Estas inhibiciones, sin embargo, tienen menos importancia práctica de lo que podría suponerse. No obstante, casi todos los gobiernos (incluso los revolucionarios) se afanan en proclamar la legalidad del régimen y rara vez hacen caso omiso de las decisiones de un tribunal autorizado.