Stc 173 1998

Créditos de financiación de la pbs

1 Genocidio en Guatemala, Sentencia No. STC 237/2005 (Tribunal Constitucional 26 de septiembre de 2005), en <http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2005/STC2005-237.htm>. Todas las traducciones del español son del autor.

2 La Audiencia Nacional conoce de casos relacionados con el contrabando de drogas, el terrorismo, la corrupción estatal y los delitos internacionales que no pueden ser tratados adecuadamente a nivel de provincias y comunidades autónomas. Aunque está dividida en salas, es más o menos equivalente a un tribunal de distrito de Estados Unidos. En este caso, las decisiones proceden de la sala penal.

Ver Crímenes de Genocidio y Terrorismo Cometidos durante la Dictadura Argentina, Jurisdicción, Ap. No. 84-98 (Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) 4 de noviembre de 1998), en <http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/audi.html>; Crímenes de Genocidio y Terrorismo Cometidos durante la Dictadura Chilena, Jurisdicción, App. No. 173/98 (Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) 5 de noviembre de 1998), en <http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/audi.html>.

5 Al aceptar la querella, el juez hizo una constatación preliminar de que se había cometido un delito sujeto a la jurisdicción española. En ese momento, podía empezar a recopilar pruebas, llamar a los testigos y preparar un sumario antes de decidir si había suficientes pruebas para remitir el caso a un panel de tres jueces para el juicio.

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Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo el derecho constitucional y el derecho del impuesto de sociedades (CIT), en la Península Ibérica, abordan el principio de justicia fiscal de la generalidad. Asimismo, se pretende comprender la dimensión de las exenciones fiscales previstas en la ley del CIT de ambos países.

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Analiza varias fuentes de datos de España y Portugal, entre ellas las leyes constitucionales, las leyes de CIT, las leyes fiscales generales y algunos casos del tribunal constitucional. Además, utiliza el método de análisis de contenido para identificar el nivel de exenciones y beneficios fiscales presentes en la ley CIT.

Rodrigues Aldeia, S.C. (2021), «Aplicación del principio constitucional de generalidad en la tributación de las empresas españolas. A comparative study to Portugal», International Journal of Law and Management, Vol. 63 No. 6, pp. 586-598. https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2021-0008

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1 Genocidio en Guatemala, Sentencia No. STC 237/2005 (Tribunal Constitucional 26 de septiembre de 2005), en <http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2005/STC2005-237.htm>. Todas las traducciones del español son del autor.

2 La Audiencia Nacional conoce de casos relacionados con el contrabando de drogas, el terrorismo, la corrupción estatal y los delitos internacionales que no pueden tratarse adecuadamente a nivel de provincias y comunidades autónomas. Aunque está dividida en salas, es más o menos equivalente a un tribunal de distrito de Estados Unidos. En este caso, las decisiones proceden de la sala penal.

3 Ver Crímenes de Genocidio y Terrorismo cometidos durante la Dictadura Argentina, Jurisdicción, Ap. No. 84-98 (Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) 4 de noviembre de 1998), en <http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/audi.html>; Crímenes de genocidio y terrorismo cometidos durante la dictadura chilena, Jurisdicción, Ap. No. 173/98 (Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) 5 de noviembre de 1998), en <http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/audi.html>.

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a) Once the procedural grounds of law have been developed, in which the legitimacy of the Parliament of Navarre to file the present appeal is affirmed, and the deadline for filing it has been met, the substantive grounds begin with the examination of the different challenged precepts, all contained in article one of Organic Law 8/2000, of December 22, 2000.

f) Point 14 of the first article redrafts the final clause of paragraph 2 of Article 20 (formerly 18) and paragraph 5 of Article 27 (formerly 25) of Organic Law 4/2000, precepts which allow in certain cases (when they do not refer to family reunification or an application for a work permit for an employee) that the agreement to deny a visa is not justified. It is denounced that such precepts are contrary to arts. 24.1 in relation to art. 9.3 and 106.1 CE in that they do not require the motivation of an administrative resolution, preventing its jurisdictional control, undermining the right of defense and encouraging the arbitrary nature of the decisions of the Administration.