Alegaciones a la propuesta de valoración y liquidación provisional

Provisión para deudas incobrables y descuento de deudores

Información sobre la versión: La traducción incluye la(s) modificación(es) de la Ley por el artículo 19 de la Ley de 20 de diciembre de 2011 (Boletín Federal I p. 2854) y la modificación indirecta de la Ley por el artículo 18 de la Ley de 20 de diciembre de 2011 (Boletín Federal I p. 2854)

El procedimiento de insolvencia tendrá por objeto la satisfacción colectiva de los acreedores del deudor mediante la liquidación de los bienes del deudor y el reparto del producto, o mediante la concertación de un plan de insolvencia, en particular para mantener la empresa. Los deudores honestos tendrán la oportunidad de lograr la liberación de la deuda residual.

(1) El tribunal de insolvencia en cuya circunscripción tenga el deudor su sede general será el único competente a nivel local. Si el centro de la actividad empresarial autónoma del deudor se encuentra en otro lugar, el tribunal de insolvencia en cuya circunscripción se encuentra dicho lugar será el único competente.

(1) Si el deudor es una persona física y si ha solicitado la condonación de la deuda residual, los costes del procedimiento de insolvencia se aplazarán, previa solicitud, hasta el momento en que se conceda la condonación de la deuda residual, en la medida en que sea probable que su patrimonio no sea suficiente para cubrir estos costes. El aplazamiento de conformidad con la primera frase abarcará también los costes del procedimiento relativo al plan de liquidación de deudas y del procedimiento de liberación de la deuda residual. El deudor deberá adjuntar a la solicitud una declaración sobre si concurre alguno de los motivos de denegación previstos en el artículo 290, apartado 1, números 1 y 3. El aplazamiento se excluirá si se da este motivo.

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Hay dos motivos por los que se pueden nombrar liquidadores provisionales (PL) en las Islas Caimán en virtud de la Ley de Sociedades (Revisión 2021) (la Ley de Sociedades), tras la presentación de una petición de liquidación y antes de que se dicte una orden de liquidación. El primero es lo que comúnmente se conoce como un nombramiento de PL con “plenos poderes” bajo la sección 104(2) de la Ley de Compañías y el segundo se conoce como un nombramiento de PL de “reestructuración” o “toque ligero”[1] bajo la sección 104(3) de la Ley de Compañías.

Con el fin de equilibrar los intereses de los acreedores y de las empresas, la accesibilidad a las medidas de reparación en virtud de cada uno de estos artículos ha variado en los últimos años, y el Gran Tribunal ha mostrado una mayor disposición a permitir que las empresas tengan la oportunidad de reestructurar sus pasivos antes de dictar una orden de liquidación en virtud del artículo 104(3), a la vez que se ha mostrado más reacio a tomar la drástica medida de destituir a la dirección de la empresa mientras se resuelve una petición de liquidación en virtud del artículo 104(2). Una serie de casos recientes en el Gran Tribunal han reforzado esta tendencia.

Alegaciones a la propuesta de valoración y liquidación provisional 2021

El nombramiento de un liquidador provisional no se suele llevar a cabo, ya que las implicaciones prácticas son draconianas. Desde el punto de vista comercial, crea una parálisis temporal de la empresa. Al considerar una solicitud, el tribunal examinará el grado de urgencia, la necesidad esencial establecida por el solicitante y el equilibrio de la conveniencia. El tribunal tiene una amplia e ilimitada discreción sobre el nombramiento de un liquidador provisional. Cuando se realiza el nombramiento, la gestión de la empresa queda efectivamente bajo el control de la persona designada, y los directores pierden la capacidad de controlar y gestionar los asuntos de la empresa. El liquidador provisional suele estar facultado para tomar posesión de los activos de la empresa, pero no tiene autoridad para distribuir los activos, ya que esa es la función del liquidador final si es nombrado.

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Por lo general, el liquidador provisional se nombra después de que se haya emitido una solicitud de liquidación, pero antes de la vista judicial para la liquidación de la empresa. Las facultades del liquidador provisional suelen limitarse a las establecidas en la orden judicial de nombramiento. El objetivo general del liquidador provisional es garantizar que los activos de la empresa estén protegidos contra el riesgo de disipación, lo cual es una precaución necesaria cuando hay acusaciones de fraude o mala conducta. Sin embargo, también se puede nombrar a un liquidador provisional en otras circunstancias, como cuando una orden de administración no sería apropiada y la empresa necesita un respiro para llevar a cabo una propuesta de reestructuración.

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La liquidación provisional es un proceso que existe como parte de las leyes de insolvencia de las empresas de una serie de jurisdicciones de derecho consuetudinario, por el que después de la presentación de una petición de liquidación de una empresa por el tribunal, pero antes de que el tribunal oiga y determine la petición, el tribunal puede nombrar a un liquidador de forma “provisional”[1] (El liquidador provisional se nombra para salvaguardar los activos de la empresa y mantener el statu quo en espera de la audiencia de la petición). A diferencia de un liquidador convencional, un liquidador provisional no evalúa las reclamaciones contra la empresa ni intenta distribuir los activos de la empresa entre los acreedores, ya que la facultad de realizar los activos es posterior a que el tribunal ordene la liquidación[2].

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El recurso es excepcional, y la mayoría de los casos de solicitud de un liquidador provisional se producen por la preocupación de algún tipo de incorrección material[3]. En casos excepcionales, también es posible que las autoridades públicas soliciten el nombramiento de un liquidador provisional para proteger el interés público del fraude u otras conductas similares, aunque esto es mucho menos común[4].