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Articulo numero 155 de la constitucion española
Constitución británica
Lunes, 16 de octubre de 2017Después de que el 6 de septiembre el parlamento catalán promulgara una legislación que convocaba un referéndum vinculante el 1 de octubre para decidir si Cataluña debía convertirse en “un estado independiente en forma de república”, era evidente que Cataluña y España se dirigían a una crisis constitucional. La legislación estipulaba que si el número de votos del Sí superaba al del No, el Parlamento, dos días después de recibir los resultados oficiales, pondría en marcha una declaración formal de independencia e iniciaría el proceso de constitución del nuevo Estado.
Pero la Constitución española de 1978 no permite la secesión unilateral -ni, de hecho, ninguna secesión, unilateral o negociada- de una región; si bien su título preliminar “reconoce y garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que la integran”, también afirma que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.”
Así, el día después de que el Parlamento catalán convocara el referéndum el Tribunal Constitucional de España suspendió la legislación, al igual que lo hizo después de que Cataluña convocara un referéndum no vinculante sobre la independencia en 2014. Pero al igual que en 2014, el gobierno catalán celebró el referéndum, a pesar de la sentencia judicial y del considerable esfuerzo del gobierno nacional del presidente Mariano Rajoy por impedir la votación confiscando papeletas y urnas, amenazando a funcionarios regionales y locales con acusaciones de desobediencia civil y sedición, y desplegando a la Policía Nacional y la Guardia Civil para cerrar los colegios electorales.
Artículo uno de la constitución alemana
Después de que el 6 de septiembre el Parlamento catalán promulgara una ley por la que se convocaba un referéndum vinculante el 1 de octubre para decidir si Cataluña debía convertirse en “un Estado independiente en forma de república”, era evidente que Cataluña y España se dirigían a una crisis constitucional. La legislación estipulaba que si el número de votos del Sí superaba al del No, el Parlamento, dos días después de recibir los resultados oficiales, pondría en marcha una declaración formal de independencia e iniciaría el proceso de constitución del nuevo Estado.
Pero la Constitución española de 1978 no permite la secesión unilateral -ni, de hecho, ninguna secesión, unilateral o negociada- de una región; si bien su título preliminar “reconoce y garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que la integran”, también afirma que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.”
Así, el día después de que el Parlamento catalán convocara el referéndum el Tribunal Constitucional de España suspendió la legislación, al igual que lo hizo después de que Cataluña convocara un referéndum no vinculante sobre la independencia en 2014. Pero al igual que en 2014, el gobierno catalán celebró el referéndum, a pesar de la sentencia judicial y del considerable esfuerzo del gobierno nacional del presidente Mariano Rajoy por impedir la votación confiscando papeletas y urnas, amenazando a funcionarios regionales y locales con acusaciones de desobediencia civil y sedición, y desplegando a la Policía Nacional y la Guardia Civil para cerrar los colegios electorales.
Constitución española de 1812
La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Se seleccionó un grupo de siete miembros entre los diputados elegidos de las Cortes para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los “padres de la Constitución”. Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda (“color de soldadura”) por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].
Cataluña
Martes, 24 de octubre de 2017Después de que el 6 de septiembre el Parlamento catalán promulgara una ley que convocaba un referéndum vinculante el 1 de octubre para decidir si Cataluña debía convertirse en “un Estado independiente en forma de república” y de que el Tribunal Constitucional español suspendiera la legislación al día siguiente, los gobiernos catalán y español parecían dirigirse hacia el precipicio más allá del cual se precipitarían a una crisis constitucional en toda regla.
Ahora, casi dos meses más tarde, después de que Cataluña celebrara el referéndum, el gobierno español encabezado por el presidente Mariano Rajoy ordenó al presidente Carles Puigdemont que aclarara si había declarado la independencia en una sesión del parlamento catalán el 10 de octubre, Puigdemont se negó a hacerlo en dos cartas dirigidas a Rajoy la semana pasada, y el Gobierno español decidió el sábado pedir al Senado la aprobación de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, Rajoy y Puigdemont se han ido, como Thelma y Louise, al borde del precipicio, cantando al caer el gran himno de la rebeldía de Tom Petty, “I Won’t Back Down”. “