Decreto 86 1997

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Este Anukret no se aplicará a las construcciones existentes autorizadas. Para las construcciones existentes no autorizadas que afecten gravemente al interés público o a la belleza, el Gobierno Real o su representante debidamente autorizado exigirá la demolición de la construcción a propuesta de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 2.    CONSTRUCCIONES SUJETAS A LICENCIA DE OBRAS PREVIA. Todas las construcciones en las ciudades o pueblos de la provincia estarán sujetas a licencias de construcción. Todas las nuevas construcciones estarán sujetas a permisos de construcción La reconstrucción, las ampliaciones y las adiciones de pisos de los edificios existentes estarán sujetas a permisos de construcción. La renovación de los edificios existentes estará sujeta a un permiso de construcción si modifican

– las características de las fachadas – el aspecto de los edificios; – las instalaciones sanitarias y las conexiones de alcantarillado; – la instalación de aguas residuales tratadas conectada a la red de alcantarillado; – las superficies de los pisos – los locales abiertos al público, – todas las obras de fondo que tengan como efecto la modificación de la configuración del suelo (rellenos, zanjas, conversión de terrenos agrícolas en lotes urbanizados) o de las características de un emplazamiento (supresión de un estanque o de un canal o de componentes del sistema de drenaje, tala de árboles existentes, etc.)

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Establece el Consejo de Omán con el fin de fomentar la participación en la vista de una manera que conduce a la explotación de la experiencia de los estudiosos y especialistas y contribuir a la aplicación de la estrategia de desarrollo integral y servir al interés público. Quedan derogados los Reales Decretos 94/91 y 98/91, así como cualesquiera otras leyes y reglamentos que puedan contradecir este Decreto o sus disposiciones. También contiene en el Anexo las Normas de Establecimiento del Consejo de Estado y del Majlis A’Shura.

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En concreto, el órgano jurisdiccional nacional alberga dudas sobre si los particulares pueden invocar, en el marco de un procedimiento judicial, las prohibiciones contenidas en los artículos 86 y 90 del Tratado CE (actualmente artículos 82 CE y 86 CE), de modo que el órgano jurisdiccional nacional debe inaplicar las disposiciones nacionales que entren en conflicto con ellas, y sobre si determinadas disposiciones nacionales crean una situación incompatible con los artículos 90 y 86 del Tratado CE, leídos conjuntamente.

Giovanni Carra, Alessandra Colombo y Barbara Gianassi están acusados de una infracción penal en virtud del artículo 110 del Código Penal y de los artículos 1, 11 y 27 de la Ley nº 264 de 29 de abril de 1949 (en lo sucesivo, “Ley de 1949”),

(3) por haber actuado, conjuntamente y con ánimo de lucro, como intermediarios entre la oferta y la demanda de empleo, los dos primeros de los acusados al menos desde diciembre de 1993, y el tercero al menos desde abril de 1994. Las disposiciones supuestamente infringidas confieren a las oficinas públicas de colocación el derecho exclusivo a realizar la colocación de trabajadores.

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El Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen las directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de la formación profesional ocupacional, ha instituido y delimitado el marco al que han de ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus características formales y materiales, al par que ha definido su naturaleza esencial, su significado, su ámbito de aplicación y validez territorial, y, entre otras, las previsiones, las vías para su obtención.

El establecimiento de determinadas normas de derecho encuentra su razón de ser en la necesidad de garantizar, respecto de todas las ocupaciones susceptibles de certificación, los objetivos que se exigen a los certificados de profesionalidad. En esencia, estos objetivos podrían considerarse referidos a la puesta en marcha de una eficaz política activa de empleo, como apoyo a la colocación y satisfacción de la demanda de cualificaciones por parte de las empresas, como apoyo a la planificación y gestión de los recursos humanos en cualquier ámbito productivo, como medio de asegurar un nivel de calidad aceptable y homogéneo de la formación profesional ocupacional, coherente con la situación y las exigencias del mercado, a fin de asegurar la mejor coordinación e integración entre las enseñanzas y los conocimientos adquiridos a través de la formación profesional reglada, la formación profesional ocupacional y la práctica laboral.