Merito y capacidad constitucion española

Constitución alemana

España, cuya capital es Madrid, es una monarquía parlamentaria y la división de poderes está recogida en la Constitución española de 1978. Es miembro de la UE desde 1986 y forma parte de las Naciones Unidas, la OTAN y otras organizaciones internacionales, además de ser signataria del Protocolo de Kioto.

El Rey simboliza la continuidad histórica de España y es un factor de unidad para todos los españoles. Actúa como Jefe de Estado y como tal, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la máxima representación del Estado español en las relaciones internacionales.

Las Cortes Generales tienen el Poder Legislativo, y como tal, ejercen las funciones de legislar y controlar la acción del Gobierno, por lo que se componen de dos Cámaras elegidas por un periodo de 4 años mediante votación popular: el Congreso de los Diputados (350 miembros) y el Senado (264 miembros); esta última es la Cámara de representación territorial.

Código civil español

La Constitución Española establece que los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad regirán el proceso de selección de la función pública. En concreto, establece que “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas” y que “la ley regulará el ingreso en la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”.Con base en estas disposiciones constitucionales relativas al acceso a la función pública, la Administración General del Estado ha implantado un sistema de acceso que se detalla a continuación a título informativo:Requisitos de los empleados públicos no establecidos:Además de los supuestos anteriores, los no nacionales que tengan permiso de trabajo y residencia en España.

ACCESO A LAS PROFESIONES, OFICIOS Y ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN UNA RELACIÓN HABITUAL CON MENORES Y SU EJERCICIO. Para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen una relación habitual con menores, y para el ejercicio de las mismas se requerirá no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad o la integridad sexual, incluidas las agresiones o abusos sexuales, el acoso sexual, el exhibicionismo e incitación sexual, la prostitución y la explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos, A tales efectos, los candidatos que deseen acceder a dichas profesiones, oficios o actividades deberán acreditar tal circunstancia mediante certificado expedido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Constitución italiana

La Constitución española establece que los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad regirán el proceso de selección de la función pública. En concreto, establece que “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos” y que “la ley regulará el ingreso en la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”.

El acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen la relación habitual con menores, y para su ejercicio se requerirá no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad o integridad sexual, incluyendo la agresión o abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo e incitación sexual, la prostitución y la explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos, A tales efectos, los candidatos que deseen acceder a dichas profesiones, oficios o actividades deberán acreditar tal circunstancia mediante un certificado expedido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Constitución española de 1812

Puede ser importante señalar que la constitución española oscila entre un sistema formalmente rígido y uno funcionalmente rígido. En efecto, podemos decir que es Formalmente rígida dado que la Separación de la Iglesia y el Gobierno no está claramente definida, sin embargo, también es funcionalmente rígida en la medida en que es posible que los jueces practiquen una independencia judicial positiva sobre el poder legislativo y actúen como control y equilibrio.

El Tribunal Constitucional español es especial en el sentido de que no forma parte del sistema judicial y, por tanto, es políticamente independiente. En este sentido, soporta la mayor parte del poder judicial dado que es el máximo órgano con poder para determinar y asegurar que todas las leyes son constitucionales. Por lo tanto, es percibido como el intérprete supremo de la Constitución española. El Tribunal Constitucional posee numerosas capacidades jurisdiccionales entre las que se encuentran el recurso de amparo de los derechos fundamentales, el derecho a revocar una decisión judicial anterior o la declaración de nulidad de una ley. Por último, su grandeza reside en el hecho de que las decisiones del Tribunal Constitucional no pueden ser recurridas por nadie. Se puede considerar este tribunal como la máxima representación de la justicia: los ciudadanos pueden pedir amparo a este tribunal superior. Brevemente, el tribunal está formado por doce magistrados que ejercen su cargo durante nueve años y son nombrados por el Rey. Aunque el Rey toma la decisión final, el nombramiento está diversificado hasta cierto punto: cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y finalmente dos por el Consejo General del Poder Judicial. Además, los Magistrados, fiscales y funcionarios públicos deben tener una alta consideración con un estándar mínimo de quince años de experiencia en el campo para asegurar su habilidad, pero sobre todo su independencia -como se ha destacado anteriormente.