Principio in dubio pro actione

in dubio pro malo

Asuntos acumulados C-121/91 y C-122/91, CT Control (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión, Rec. 1993, p. I-3873, apartado 22; asunto C-61/98, De Haan, Rec. 1999, p. I-5003, apartado 13; asunto C-251/00, Ilumitrónica, Rec. 2002, p. I-10433, apartado 29; y sentencia Molenbergnatie, citada en la nota 6, apartado 31.8.

Esta conclusión se desprende de la misión que el artículo 220 CE, párrafo primero, atribuye al Tribunal de Justicia, en el marco de sus competencias, de velar por el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado CE. Véase el asunto 6/64, Costa/Enel, Rec. 1964, p. 585, 592, y el asunto 107/83, Klopp, Rec. 1984, p. 2971, apartado 14.12.

Aunque desde el principio los objetivos de la Comunidad iban más allá de la mera creación de una unión aduanera entre los Estados miembros, el hecho de que dicho objetivo encabece siempre la lista de las políticas comunitarias pone de manifiesto, sin embargo, que goza de un estatuto superior. Es el punto de cristalización de casi todos los demás objetivos y políticas. Incluso después de la creación de la Unión Europea y del mercado interior, este hecho no ha cambiado, aunque la unión aduanera está ahora subsumida en la política de mercado interior y de comercio, lo que puede considerarse como un signo de progreso en el proceso de integración. Sin una unión aduanera no es posible una política común de transportes ni una política agrícola común. Sin una unión aduanera no puede existir la libre circulación de personas y servicios. La libre circulación de mercancías requiere la libre circulación de capitales, al menos en la medida en que hay que pagar por los suministros de mercancías. La aplicación incoherente de la legislación aduanera da lugar a una modificación de los flujos de tráfico, lo que perjudica los intereses financieros de la Comunidad, en particular porque los derechos de aduana y las tasas de efecto equivalente dejan de percibirse a nivel nacional y se asignan a la Comunidad para financiar sus actividades (véase a este respecto la sentencia Sack, J., citada en la nota 9, puntos 6 a 8). 26 –

in dubio pro reo prozessvoraussetzungen

El principio de precaución, cuando se aplica a la salud humana, implica una definición del hombre que puede basarse en diferentes valores. En lo que respecta a la Iglesia Católica Romana, se basa en el principio de intangibilidad de la vida humana y en la regla in dubio pro vita. Sin embargo, esta regla es susceptible de diversas interpretaciones dentro de la Iglesia, y es objeto de debate entre una interpretación estrecha, el tutiorismo, que prohíbe cualquier acción que pueda poner fin a la vida humana y afirma que no se puede correr ningún riesgo en la medida en que la vida humana esté en juego, y el probabilismo, que tolera un margen de negociación y propone una interpretación más moderada. Este artículo estudia los orígenes de este debate y cómo, en las diversas cuestiones relativas a la salud humana y a la bioética actuales, la Iglesia católica romana oscila entre estas dos interpretaciones.

in dubio pro tubo

No obstante, esta acción no podrá ejercerse después de la expiración de un plazo de tres años a partir de la fecha de contracción del importe inicialmente exigido al deudor o, a falta de contracción, a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera relativa a dicha mercancía”.

7 – Sentencias de 29 de marzo de 1993, CT Control (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión (C-121/91 y C-122/91, Rec. p. I-3873), apartado 22; de 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003), apartado 13; de 2002, Ilumitrónica (C-251/00, Rec. p. I-10433), apartado 29, y Molenbergnatie, citada en la nota 6 supra, apartado 31.

11 – Esta conclusión se desprende de la misión que el artículo 220 CE, párrafo primero, atribuye al Tribunal de Justicia, en el marco de sus competencias, de velar por el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado CE. Véanse las sentencias de 16 de julio de 1964, Costa/Enel, 585 y 592, y de 19 de julio de 1984, Klopp, 107/83, Rec. p. 2971, apartado 14.

25 – Aunque desde el principio los objetivos de la Comunidad iban más allá de la mera creación de una unión aduanera entre los Estados miembros, el hecho de que dicho objetivo encabece siempre la lista de las políticas comunitarias pone de manifiesto, sin embargo, que goza de un estatuto superior. Es el punto de cristalización de casi todos los demás objetivos y políticas. Incluso después de la creación de la Unión Europea y del mercado interior, este hecho no ha cambiado, aunque la unión aduanera está ahora subsumida en la política de mercado interior y de comercio, lo que puede considerarse como un signo de progreso en el proceso de integración. Sin una unión aduanera no es posible una política común de transportes ni una política agrícola común. Sin una unión aduanera no puede existir la libre circulación de personas y servicios. La libre circulación de mercancías requiere la libre circulación de capitales, al menos en la medida en que hay que pagar por los suministros de mercancías. La aplicación incoherente de la legislación aduanera da lugar a una modificación de los flujos de tráfico, perjudicando así los intereses financieros de la Comunidad, en particular porque los derechos de aduana y las tasas de efecto equivalente dejan de percibirse a nivel nacional y se asignan a la Comunidad para financiar sus actividades (véase a este respecto la sentencia Sack, J., citada en la nota 9, puntos 6 a 8).

in dubio pro securitate übersetzung

Las disposiciones de la Ley de 7 de abril de 2017 que modifican la Ley – Código de Procedimiento Administrativo y algunos otros actos, hicieron cambios significativos en la Ley sobre el Código de Procedimiento Administrativo. El objetivo de esta modificación fue cambiar la percepción de la administración de una posición de poder a un interés más amigable, para aplicar el principio de la confianza de los ciudadanos a las autoridades estatales. La importancia práctica en este ámbito es cumplir con el nuevo principio general de “interpretación amistosa de la ley” (in dubio pro libertate) introducido en el artículo 7a añadido del Código de Procedimiento Administrativo y una nueva norma para resolver las dudas a favor de la parte añadida en el artículo 81a del Código de Procedimiento Administrativo, que es la que se aplica a la administración. 81a del Código de Procedimiento Administrativo, que se refiere a las pruebas. Ambos principios pretenden proteger al particular de la imperiosa autoridad resolutora, que en caso de duda, su peso y consecuencias suele arrojarlos al lado, como sujeto más débil de la relación administrativa. A la luz de ambas normas, en caso de dudas sobre la correcta interpretación de las disposiciones o sobre los hechos, la autoridad está obligada a resolver la controversia a favor de la parte del procedimiento administrativo.