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Real decreto ley 11 1995
Asimismo, la disposición final de la Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación de los permisos de paternidad y maternidad, ordena incluir en el texto refundido las modificaciones por ella producidas en el Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, previo dictamen del Consejo Económico y Social e informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de marzo de 1995
(a) La relación de servicio de los funcionarios, que se regirá por el Estatuto, así como la del personal al servicio del Estado, de las Corporaciones locales y de los entes públicos autonómicos, cuando, en virtud de una Ley, dicha relación esté regulada por normas administrativas o estatutarias.
(e) El trabajo familiar, salvo que se acredite la condición de empleados de quienes lo realicen. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
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El 29 de diciembre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Esta Ley procede del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre, con importantes novedades, e incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo relativo a la divulgación de información no financiera y sobre diversidad.
Las disposiciones finales de esta ley también afectan a otras materias, al introducir modificaciones en la legislación sobre vehículos de inversión colectiva, servicios de pago y servicios de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que quedan fuera de este Comentario.
La Ley 11/2018 ha ampliado significativamente el número de empresas obligadas a presentar el estado de información no financiera, en comparación con el Real Decreto-Ley 18/2007, que sólo se aplicaba a las entidades de interés público que cumplían una serie de requisitos. Ahora, la calificación como entidad de interés público es sólo uno de los requisitos que pueden dar lugar a estas nuevas obligaciones. Las normas, que se irán introduciendo progresivamente, son las siguientes:
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Hasta la entrada en vigor de la actual Directiva 2000/60/CE – Directiva Marco del Agua, se habían desarrollado varias acciones legislativas. La normativa que primero puso de manifiesto la necesidad de reutilizar el agua en Europa fue la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo artículo 12, apartado 1, establece que “las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando proceda. Las vías de eliminación minimizarán los efectos adversos sobre el medio ambiente”. Posteriormente, la Directiva 2000/60/CE contemplaba la reutilización en su artículo 11, que abordaba el programa de medidas de eficiencia y reutilización y el fomento de las tecnologías de eficiencia hidráulica en la industria y la agricultura.
Por ello, la promulgación del Real Decreto 1620/2007 supuso un importante avance en la regulación de la reutilización de las aguas residuales depuradas al clarificar tanto las responsabilidades de las Administraciones Públicas como las de los titulares y usuarios finales, y al establecer los criterios de calidad para cada uno de los posibles usos, así como la frecuencia mínima de muestreo, los métodos analíticos de referencia y los criterios de cumplimiento. Este Decreto también estableció que las autoridades competentes y las empresas licenciatarias se comprometen a realizar un esfuerzo para adaptar los sistemas de reutilización existentes y, especialmente, los tratamientos de regeneración a los requisitos de esta normativa.
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La devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996 ha supuesto la aplicación de la disposición contenida en el artículo 134.4 de la Constitución sobre la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado, por parte del Ministerio de la Constitución, se integran los estados de gastos e ingresos del sector público estatal y el importe de los beneficios fiscales. Además, forman parte de los Presupuestos Generales del Estado un conjunto de normas que están directamente vinculadas a los ingresos y gastos o a los beneficios fiscales y que, por tanto, sirven de base a las obligaciones y derechos del Estado en el ejercicio económico correspondiente. En consecuencia, la prórroga automática prevista constitucionalmente afecta tanto a los estados de gastos e ingresos como a las normas incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
La afirmación anterior debe aclararse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley General de Presupuestos, en el que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas. que deban extinguirse en el ejercicio económico para el que se prorrogan los presupuestos. ‘ Por esta razón, la prórroga del presupuesto no afecta a los créditos para gastos a corto plazo .