Tribunal de la función pública de la unión europea

comitología ue

El Tratado de Niza prevé la creación de salas jurisdiccionales en determinados ámbitos específicos. Esta disposición es modificada posteriormente y codificada en el artículo 257 (“tribunales especializados”) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa:[2]

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General para conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán mediante reglamentos, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión.

El 2 de noviembre de 2004, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre esta base, una decisión por la que se creaba el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea[3] El nuevo órgano jurisdiccional especializado, compuesto por siete jueces, estaba llamado a resolver los litigios entre la Unión Europea y su función pública, competencia que hasta 2005 ejercía el Tribunal General. Sus decisiones sólo podían ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal General y, en casos excepcionales, de un control por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se creó el 2 de diciembre de 2005. Se disolvió el 1 de septiembre de 2016,[1] a pesar del éxito de su mandato,[4] en favor de la duplicación del tamaño del Tribunal General.

poder ejecutivo de la ue

a partir del 10 de noviembre de 2004 (Decisión 2005/151/CE, Euratom del Consejo, de 18 de enero de 2005, DO L 50 de 23.2.2005, p. 9), es decir, hasta el 9 de noviembre de 2008.

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órganos de la unión europea

El carácter diferenciado del Tribunal de la Función Pública, así como su jurisprudencia, han dado lugar a una serie de particularidades e innovaciones procesales. El Tribunal de la Función Pública anima a las partes de un asunto a favorecer una solución amistosa del litigio. En los casos de personal, el procedimiento de solución amistosa tiene un valor muy importante, ya que permite alcanzar una solución equilibrada y aceptable para ambas partes de un caso.

Hay que prestar especial atención al reparto de los costes según las normas que rigen el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública. Cabe señalar que anteriormente se aplicaba una norma especial a los casos de personal, según la cual el demandante no pagaba los gastos de la institución aunque perdiera el caso. Esta norma especial se suprimió a partir del 1 de noviembre de 2007 y actualmente se aplica una norma general que establece que la parte que pierda el proceso será condenada a pagar las costas. Sin embargo, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de la Función Pública, la norma general no se aplica automáticamente.

pensiones de los funcionarios de la ue

El Tratado de Niza prevé la creación de salas jurisdiccionales en determinados ámbitos específicos. Esta disposición es modificada posteriormente y codificada en el artículo 257 (“tribunales especializados”) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa:[2]

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General para conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán mediante reglamentos, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión.

El 2 de noviembre de 2004, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre esta base, una decisión por la que se creaba el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea[3] El nuevo órgano jurisdiccional especializado, compuesto por siete jueces, estaba llamado a resolver los litigios entre la Unión Europea y su función pública, competencia que hasta 2005 ejercía el Tribunal General. Sus decisiones sólo podían ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal General y, en casos excepcionales, de un control por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se creó el 2 de diciembre de 2005. Se disolvió el 1 de septiembre de 2016,[1] a pesar del éxito de su mandato,[4] en favor de la duplicación del tamaño del Tribunal General.